RENDICIÓN DE CUENTAS: El GOBIERNO PRETENDE DAR UN NUEVO PASO HACIA EL QUIEBRE INSTITUCIONAL.-

Diputado Dr. Nicolás Olivera (PN)

El Estado de Derecho que sustenta nuestra Constitución de la República tiene sus cimientos en principios tales como la separación de poderes y el reconocimiento expreso de lo que se ha denominado el “gobierno de las leyes” donde el Estado se somete a las normas que dicta, siendo responsable ante los Tribunales conforme lo determina el propio artículo 24 de la Carta Magna.

A partir de la simple lectura del Proyecto de Rendición de Cuentas remitido por el Poder Ejecutivo, se aprecia el establecimiento de un nuevo capítulo en el conflicto de larga data que se mantiene con los funcionarios del Poder Judicial.

Hoy,  a partir del Artículo 15 del Proyecto,  se presente agregar un nuevo eslabón a la larga cadena de iniciativas inconstitucionales promovidas por los gobiernos de Mujica y Tabaré Vazquezque tuvo su inicio en el año 2010 cuando no reconoció los “enganches” de varios cargos en el aumento de los salarios a los Ministros de Estado dispuesto por la Ley Nro. 18.719. El Artículo 64 de la mencionada ley – entre otros – es el que da fundamento al 26%  de aumento reclamado por los funcionarios judiciales que ya cuenta con sentencia firme favorable, y que el gobierno NO  quiere cumplir.

La intención de desconocer las sentencias dictadas por el Poder Judicial, no es una accionamiento disimulado u oculto, sino que por el contrario resulta explícito y reiterado, como podrá apreciarse en las sucesivas iniciativas legislativas que al amparo de la mayoría absoluta en ambas Cámaras vieron la luz, para luego ser declaradas sistemáticamente inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia.

La ley 18.738, y los artículos 15 de la Ley 18.996,  9 de la Ley Nro. 19.310 y el 733 de la Ley 19.355, tenían por única finalidad no cumplir con el reclamo que por ley les corresponde a los funcionarios, procurando desconocer lo dictaminado por el Poder Judicial.

Estos puntos, todos ellos, fueron puestos de manifiesto enfáticamente en la etapa legislativa por parte delDiputado Nicolás Olivera, avizorando lo que hoy es una realidad,  Poder Ejecutivo –  apoyado por la bancada de gobierno –  pretende socavar las garantías del Estado de Derecho, a partir de una iniciativa que reedita argumentos anteriores, constituyéndose como una “manifestación flagrante de la denegación de justicia que se pretende consagrar y está puntualmente orientada. No reúne ninguno de los requisitos que debe reunir una norma con carácter general, como son todas las leyes; tiene poco menos que nombre y apellido. Esta norma se incluye en este presupuesto para no pagar el eventual reclamo millonario, casi ya consumado, que puedan hacer los funcionarios del Poder Judicial.”

Como bien señaló el Diputado Nicolás Olivera “lo dijimos antes y lo reiteramos ahora, pretender modificar una vez más el régimen de pago de las sentencias que condenan al Estado es violentar el Estado de Derecho. Pretender que el Poder Ejecutivo – en forma totalmente arbitraria – determine qué y cuándo pagar – desoyendo al Poder Judicial afecta directamente la separación de poderes y las garantías sustanciales de todos los habitantes de la república.”

Este accionamiento no es aislado como ya se ha dicho, pero peor aún es ver como dentro del propio proceso jurisdiccional de inconstitucional que se sigue contra el Art. 733 de la Ley 19.355 (400.3 del CGP),el Poder Ejecutivo lleve meses sin designar al Fiscal, dilatando – como el peor empleador – el proceso que persigue obtener la tutela jurisdiccional efectiva de los funcionarios judiciales. Este aspecto conjuntamente con la iniciativa contenida en la Rendición de Cuentas ha detonado la ocupación de sedes judiciales por parte de los funcionarios.

A estos efectos, el Diputado Nicolás Olivera indicó que en la instancia de debate parlamentario,  abogaremos por la no aprobación de un artículo que configura una aberración jurídica claramente inconstitucional que procura quebrantar el orden institucional previsto en Constitución de la República. Es inconcebible modificar el Artículo 15 del TOCAF a favor del Poder Ejecutivo quien – de aprobarse esta nefasta disposición – podrá decir no cumplo con las sentencias condenatorias porque afecta los servicios a mi cargo, encontrándose habilitado a pagar cuando quiera. 

(Texto del Artículo 15 del Proyecto de Rendición de Cuentas:

ARTÍCULO 15.- Sustitúyese el inciso segundo del artículo 52 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005, por el siguiente:

“El Poder Ejecutivo podrá comprometer gastos de funcionamiento o de inversiones sin que exista crédito disponible, cuando se trate del cumplimiento de sentencias judiciales,

laudos arbitrales, o situaciones derivadas de lo establecido en los artículos 24 y 25 de la Constitución de la República, salvo que ello afecte la atención de los servicios a su cargo.

En este último caso, el Poder Ejecutivo quedará eximido de los plazos de cumplimiento de las obligaciones establecidas en otras normas legales.”

Esta disposición tendrá vigencia a partir de la promulgación de la presente ley.)

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