Aire tóxico: acusaciones cruzadas sobre plaguicidas

(Fuente: “El País”).- El debate sobre los efectos de los plaguicidas en la salud humana se instaló en Uruguay, donde aún no se hacen análisis clínicos ni estudios epidemiológicos. La academia acusa a las autoridades, las autoridades se reclaman entre sí, y las denuncias de los vecinos se disparan.

Seguramente no suceda con la manzana, la papa, la cebolla o el durazno. Pero tal vez sí ocurra con el perejil, el tomate, la chaucha, el repollo, la rúcula o la albahaca: en Uruguay, para muchos de los cultivos “menores” no hay plaguicidas específicos registrados porque las empresas que los comercializan no han tenido interés en hacerlo. Como consecuencia, los productores no tienen otra que aplicar plaguicidas avalados para otros cultivos. Estiman dosis y tiempos de espera a su criterio. Si la plaga cede, siguen adelante. Si no tienen resultados, prueban alternativas. La huella de esta experimentación queda en las frutas y verduras que comemos. Es invisible, sí, ¿pero qué daño nos genera?

La voz de alarma la dio el ingeniero agrónomo Pedro Mondino, docente e investigador en el Departamento de Protección Vegetal de la Facultad de Agronomía, durante un foro que se realizó el viernes 14 entre académicos y autoridades. La actividad se llamó “Impactos y análisis de plaguicidas en humanos en Uruguay” y tuvo lugar en el Palacio Legislativo.

Allí Mondino habló de un “uso ilegal” de productos no autorizados. Dijo que el hecho de que haya residuos de agroquímicos en lo que comemos, o no, “es una mera casualidad”. Y para este informe, agregó: “Es un uso temerario, a ciegas”, pero no por “maldad”, sino más bien porque los productores no ven otra “salida”.

Mondino puso la bomba pero no escuchó el estallido, porque en el foro, que desarrolló el Núcleo Interdisciplinario Colectivo TÁ junto a la senadora blanca Carol Aviaga, no hubo representantes del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP). De la Dirección General de Servicios Agrícolas (DGSA), que se ocupa entre otras cosas del registro y control de agroquímicos, mandaron una carta excusándose de la ausencia por motivos de agenda y saludando la actividad.

Con el paso de los días comenzaron los ecos. “Sí, es así”, dijo el también ingeniero agrónomo Pablo Pacheco, especialista en calidad de frutas y hortalizas del Mercado Modelo. La “característica burocrática del registro”, que depende de iniciativas comerciales, se traduce en los hechos en “falta de información” para los productores e “incumplimiento de la normativa”. Sin embargo, lo que le preocupa a Pacheco es que los residuos de plaguicidas estén en el espectro de lo aceptado por el Codex Alimentario. “Si la inocuidad no se altera, no me importa. No es problema mío”, planteó Pacheco.

Desde Roma, donde participa de una actividad de la FAO, el ingeniero Federico Montes, titular de la DGSA, rechazó que su ausencia se pueda entender como un acto de “negligencia o desinterés”. “Por el contrario, reafirmamos nuestro compromiso con políticas de intensificación sostenible que arrancan en los cuidados de la salud y el medio ambiente”, escribió.

Montes también reconoció el problema que destapó Mondino: “Es cierto que los productores de los llamados cultivos menores necesitan contar con agroquímicos registrados para su uso. Según el decreto 149/977, dichos registros solo los pueden hacer empresas o personas jurídicas. Quiere decir que no es el MGAP el responsable de registrar productos para determinados usos. Insisto. Son las empresas las que deben presentar la solicitud”.

El jerarca mencionó que puede haber situaciones similares en otros rubros, como el de un grupo de consumidores que quiere contar en el mercado con un champú para controlar la caspa y no lo consigue porque no está registrado. “En ese caso, ¿es obligación del Ministerio de Salud (MSP) registrar el champú anticaspa, con tal o cual marca comercial, sin que las empresas propietarias de la marca estén de acuerdo?”, se preguntó.

Es cierto: este mismo problema se da con algunos medicamentos que son clave para ciertas enfermedades, pero los laboratorios no muestran interés en el mercado uruguayo. Amparado en decretos regulatorios, el MSP ha tomado la misma postura que el MGAP. Sin embargo, en más de una oportunidad la Justicia ha obligado a las autoridades sanitarias a tomar una actitud proactiva para conseguir los medicamentos a como dé lugar.

“No es un tema fácil”, concede Mondino, el disparador de la polémica. “Uno no puede obligar a las empresas a vender algo que no les resulta productivo”. De todas formas, cree que “habría que pensar en algún sistema de registro diferente o hacer habilitaciones parciales para ciertos cultivos o frente a determinada plaga”.

Controles y reclamos entre salud y ganadería

Los plaguicidas y sus efectos (en su mayoría inciertos) para la población dividen aguas incluso entre integrantes del gobierno. Carmen Ciganda, directora de Salud Ambiental y Ocupacional de Salud Pública, reclamó públicamente ser parte en el proceso de aprobación de los agroquímicos. Pero desde el MGAP, el titular de la Dirección General de Servicios Agrícolas (DGSA), Federico Montes, respondió que la solicitud nunca fue formal y dijo a El País: “El MGAP basa su trabajo en el marco legal vigente, que establece que el registro y la autorización de venta de los productos fitosanitarios de uso agrícola se gestionarán ante la DGSA”. El registro de un agroquímico pasa por etapas de evaluación química, toxicológica y agronómica. La división cuenta con 10 funcionarios para controlar a productores, aplicadores y empresas vendedoras de agroquímicos.

Ansiados datos.

Entonces, aquella huella invisible que tan difícil resulta borrar, ¿nos está dañando o no? Sobre esto, desde la academia también tiran dardos hacia los organismos involucrados.

“En cuanto a alimentos, Bromatología de la Intendencia de Montevideo toma muestras en el Mercado Modelo pero sus resultados no son públicos ni claros. Nosotros pedimos información y nos dieron un informe que era una vergüenza. Una fotocopia en blanco y negro en la que no se especificaba de qué verdura se hacía la muestra. Por uno o dos años, además, no había registro de datos”, aseguró para este informe Pablo Galeano, docente de la Facultad de Química y miembro del Núcleo Interdisciplinario Colectivo TÁ. “Mientras no haya monitoreos serios y sistematizados, vamos a estar en la chiquita”, agregó.

Galeano sabe que “la industria dice que la presencia de residuos de plaguicidas está dentro de lo permitido por el Codex”. Pero estos parámetros, establecidos por la FAO y la OMS y adoptados por el MSP, no son los únicos, y las reglamentaciones de la Unión Europea, por ejemplo, manejan otros valores.

Pablo Pacheco, del Mercado Modelo, no suele hablar con los medios sobre este asunto por los “prejuicios” que hay. Sin embargo, esta vez quiere resaltar que el peligro que corren quienes se exponen directamente a los plaguicidas es “mucho mayor” que el que enfrentan quienes consumen un alimento con el residuo de un producto que fue diluido en agua y que sufrió efectos ambientales varios —lluvia, Sol— que degradaron su molécula.

“No es que esté todo bien”, aclara, y “por eso hay límites establecidos”. En ese sentido, procuró transmitir tranquilidad: “En los últimos 386 análisis, realizados en 2017, hubo una sola muestra no reglamentaria”. Otros años ha habido peores resultados. En esos casos, el protocolo indica que hay que visitar la chacra e identificar la raíz del problema. Y si hay una segunda muestra negativa, se comunica a la DGSA para que aplique una sanción.

El Mercado Modelo hace su análisis, las cadenas de supermercados también, y a su vez Bromatología toma muestras en puntos de venta minoristas. Los análisis son muy caros —en el mercado van de los 250 a los 600 dólares—, pero en el laboratorio de Bromatología el Mercado Modelo los hace al costo. Allí es donde tienen la mejor capacidad de respuesta a la demanda. Sin embargo, ahora hace seis semanas que no se analizan muestras porque los equipos están en mantenimiento.

Pacheco contó que la toma de muestras se hace por iniciativa del Mercado Modelo desde 2004 (con algunos períodos de interrupciones). En aquel momento “no había mucha institucionalidad ni información sobre el tema, y se quiso empezar a generarla”. Antes había un “absoluto desconocimiento” y reinaba la percepción de que era “una cancha libre, sin juez”: qué producto usar, en qué dosis, todo quedaba sujeto a la responsabilidad individual. A su juicio, se ha evolucionado mucho en cuanto al control y las buenas prácticas agrícolas, y la cantidad y el tipo de productos que se usan en frutas y verduras conllevan una seguridad mucho mayor que 20 o 30 años atrás.

El proceso que describe Pacheco coincide con otro que viene haciendo la DGSA. A nivel mundial existen unos 900 principios activos registrados, dice Montes, pero Uruguay cuenta con 300. “Y como estamos ocupados en promover sistemas de producción sostenibles con la salud y el ambiente, en diciembre de 2016 eliminamos del registro al 75% de los principios altamente tóxicos para el ser humano. Hoy quedan principalmente los que se usan para tratamientos de desinfección requeridos por protocolos internacionales”, aseguró.

Mientras tanto, las denuncias por presunto uso indebido de agroquímicos en la DGSA vienen en aumento sostenido desde 2011, con excepción de 2016 cuando se registró una baja. En 2017, año récord en cantidad de denuncias, hubo 166. Y en los primeros dos meses de 2018 se recibieron 23. Montes aclaró que solo el 10% de las denuncias se confirman.

Ansiados estudios.

Carol Aviaga no tiene formación en temas ambientales, pero recibió la misión explícita de Luis Lacalle Pou de “preocuparse y ocuparse” del asunto. Y así lo ha hecho. En los tres años que lleva como senadora presentó tres proyectos de ley: uno para prohibir el uso de herbicidas como controladores de maleza, otro para regular las fumigaciones aéreas y ampliar las zonas prohibidas, y un tercero sobre el etiquetado de alimentos transgénicos, para conocer el “paquete tecnológico” (inclusive el plaguicida) con el que se produjo. Los tres proyectos llevan meses o años encajonados en la comisión de Medio Ambiente.

Ahora Aviaga tiene en proceso una ley nacional de plaguicidas —también el gobierno se propuso hacer una— y planea presentar también “un proyecto de agroecología como visión país”. “Voy a seguir en la lucha”, anuncia, determinada.

Su derrotero no ha sido fácil, porque además de que el oficialismo la ignora, los colectivos como el TÁ, heterogéneos pero con fuerte arraigo en el oficialismo, le han sido resistentes. Ella asegura que siempre intentó convalidar sus proyectos con ellos para que no se los “bombearan”.

Una de sus batallas es contra el MSP para que incorpore análisis de glifosato en fluidos. En 2016 se reunió con Jorge Basso para planteárselo. Según ella, en Argentina y Brasil son baratos y de rutina. Al tiempo volvió a insistir con Basso, que le terminó admitiendo que no era prioritario en el presupuesto. Paso seguido, juntó 1.500 firmas y le presentó el pedido al presidente Tabaré Vázquez. Nunca le contestó.

“Lo que queremos es saber dónde estamos parados desde el punto de vista epidemiológico; conocer el impacto del uso masivo de plaguicidas en la salud humana, tanto de los que están expuestos directa como indirectamente; y estimular alternativas productivas, de las que hay experiencias acá y en otros países, y planificar etapas de transición”, resume.

Amalia Laborde, directora del Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico (CIAT), expuso en el foro que el centro recibe unas 300 denuncias por año vinculadas a cuadros de intoxicación por agroquímicos. En la mayoría de los casos (83%) se desarrollan cuadros leves, el 9% presenta una gravedad moderada y el 6%, severa, de acuerdo a un relevamiento que si bien toma datos entre 2002 y 2011, conserva vigencia según ella. El 2% de los intoxicados por plaguicidas tuvo desenlace fatal, pero en todos estos casos se comprobó intención suicida con el producto.

La especialista añadió que la mayoría de las intoxicaciones se producen por accidentes o manipulación indebida en el ámbito laboral, por lo que sus víctimas son los funcionarios que aplican los plaguicidas. Por “contaminación ambiental”, el CIAT ha recibido poco más 70 casos en 10 años y solo dos presentaban gravedad moderada o severa. Laborde cree que puede haber subdiagnóstico porque la población no tiene muy claro a dónde recurrir o los médicos omiten reportar los casos a CIAT.

Los estudios en busca de efectos a largo plazo de la exposición a plaguicidas en la salud humana son un debe en Uruguay, pero no en la región. En el foro, el investigador argentino Damián Verzeñassi, de la Universidad Nacional de Rosario, presentó los resultados de un estudio de largo aliento en el que comprobó la relación directa entre la exposición continuada a plaguicidas y enfermedades crónicas como cáncer, hipertensión e hipotiroidismo. El dato más llamativo refiere a lo oncológico: mientras en el total de la población argentina la incidencia del cáncer es de 217 cada 100.000 habitantes, en una muestra de 27 localidades estrechamente vinculadas a la producción de soja y otros cultivos que implican uso extensivo de agroquímicos, la tasa trepa a 397 cada 100.000 habitantes.

Tras la jornada, los técnicos uruguayos y extranjeros acordaron seguir en contacto. Dicen que es una alianza, no una guerra, aunque algo está claro: el tema de los plaguicidas irrita, y mucho.

Fernanda iba en moto por Ruta 18 de Lago Merín a Río Branco (Cerro Largo). Una avioneta fumigaba un cultivo de arroz lindero. Era el 12 de diciembre pasado cuando el piloto hizo una mala maniobra; tenía el dispensador abierto y roció a Fernanda con herbicida. A pesar del casco, la mujer sintió tos y mareos. Paró y comenzó a vomitar. “Hasta ahora tengo dolores de cabeza y ardor en el esófago”, asegura. El 15 de febrero hubo otra fumigación cerca del balneario. Beatriz Martínez repartía la correspondencia y vio la avioneta o más bien la sintió: “Había un olor a zorrillo espantoso”, recuerda. Algunos vecinos hicieron la denuncia y el MGAP determinó que la fumigación se hizo respetando las normas. Disconformes, los lugareños recurrieron a la bióloga Graciela Piñeiro, quien tomó muestras y testimonios y presentó denuncia a la Dinama. Fernanda estuvo 10 horas en observación. Su caso fue denunciado al CIAT pero no hubo seguimiento. “No me hicieron más estudios”. La mujer, de 50 años, tiene temor. “Dicen que lo que me pasó es grave, que me puede venir un cáncer”.

Guichón
Un pueblo pionero contra “los mosquitos
El grupo “Vecinos de Guichón por los bienes naturales” denuncia desde 2011 el uso inapropiado de plaguicidas. La ciudad sanducera está rodeada de cultivos de soja y forestación. “Se hacían fumigaciones aéreas sin respeto por las distancias”, asegura Marcelo Fagúndez, uno de sus referentes y exedil de Paysandú. El colectivo recopila casos no solo de la localidad, sino de otras zonas. En los últimos cuatro años presentó 14 denuncias. La última refiere a la escuela 34 de Zanja Honda (San José), que tiene un cultivo de soja transgénica (por lo tanto fumigada) a 20 metros, cuando debería estar a 500. “Tuvimos respuestas de algunos organismos, pero con otros es imposible”, dice Fagúndez, y carga contra la Dirección General de Servicios Agrícolas, organismo del MGAP encargado de fiscalizar el uso de plaguicidas. “Nos hacen ir a Montevideo (400 kilómetros ida y vuelta) a firmar las denuncias. Hemos intentado hablar con el director (Federico Montes) y es más fácil comunicarse con el Papa. Nunca tuvimos suerte. Otros funcionarios nos han destratado”, dice.
Paso Picón
El hombre que se frotó glifosato (y vive)
Máximo Castilla, médico y productor, estuvo en el centro de la polémica tras haber sido denunciado por vecinos en Paso Picón (Canelones) por uso indebido de plaguicidas en sus cultivos de soja. A tres años de las primeras multas, hoy Castilla ha modificado su producción. En 140 de sus 510 hectáreas no puede fumigar para respetar las distancias reglamentarias con el centro poblado. “Perdí el 30% de mi capacidad productiva. En esa zona sembré sorgo, pero sin plaguicida es imposible”, dice e insiste en que fue víctima de una campaña. El caso sigue en la Justicia, donde Castilla reclama que le levanten multas millonarias del MSP y la intendencia. En 2016, una foto de Fernando Ponzetto (El País) le puso rostro al problema: Castilla se frotó glifosato (el herbicida más usado) en manos y cara. “Hice una demostración. La gente de la ciudad ve el glifosato como si fuera bomba atómica. Nosotros convivimos con él. Es de venta libre, se compra como la lavandina. No digo que sea saludable, ni siquiera inocuo. Pero tampoco es el monstruo que quieren vender”, asegura.
Laguna del Cisne
Denuncias terminaron con los plaguicidas

En 2016, vecinos de Laguna del Cisne (Canelones) se comunicaron con la senadora blanca Carol Aviaga, que ha hecho bandera de los temas medioambientales. Los vecinos decían que estaban intoxicados por fumigación directa. Aviaga acompañó a una señora al médico y escuchó cómo le diagnosticaba “infección respiratoria” sin preguntarle sus antecedentes. La mujer tenía los síntomas típicos que genera la exposición al glifosato: dificultades respiratorias, alergia, vómitos. Ante la insistencia de la senadora, el doctor pidió la historia clínica de la paciente y comprobó que ya había pasado por un estado similar luego de haber estado expuesta a plaguicidas. Llamó al CIAT e hizo la denuncia. No se le pidió ningún análisis, y la señora se volvió a su casa. Durante 2016, la zona, que fue declarada área protegida, acumuló denuncias de vecinos por fumigaciones que afectaban el agua de la cuenca. La tensión derivó en que a finales de ese año la Intendencia de Canelones decidió profundizar las medidas cautelares de protección y prohibir los plaguicidas allí.

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